232.000 agricultores y ganaderos de Andalucía podrían perder la mitad de las ayudas que reciben de Europa

Agricultura Andalucía

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En el peor de los escenarios, la propuesta planteada supondrá una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que, entre pago básico y pago verde, reciben actualmente los más de 232.000 agricultores y ganaderos de Andalucía.

Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- están enviando esta semana cartas a los 778 ayuntamientos de Andalucía en la que les instan a aprobar en sus plenos una moción de apoyo al sector agrario andaluz y de rechazo al real decreto de convergencia, tremendamente lesivo para los agricultores y ganaderos andaluces y para todos los mun¡cipios agrarios de Andalucía, puesto que tanto este innecesario Real Decreto como la propuesta de reforma de la PAC que prepara el Ministerio de Agricultura suponen una grave amenaza para la economía y el empleo de toda Andalucía.

Por ello, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han manifestado ya que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz.

En la misiva las organizaciones representativas trasladan su rechazo al tratamiento que el sector agrario andaluz recibe en la nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021-2022 y que servirá de base al Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.

Y recuerdan que en el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva andaluza y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.

Sin embargo, para los próximos años, el principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido. Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces (34% del total español).

Es, por tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario andaluz, conformado por un universo de agroindustrias, cooperativas y explotaciones que asientan la población en el territorio (el 85% de los beneficiarios vive a menos de 20 km de sus explotaciones), favorece la conservación del medio ambiente y genera riqueza (el 37% del Valor Añadido Bruto del conjunto del estado).

Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publica el Real Decreto 41/2021, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector, que la rechaza de forma unánime porque:

– Mermará de forma importante la renta de una tercera parte de los agricultores y ganaderos andaluces (80.000 perderán al menos el 10% en dos años). Las 40.000 personas más perjudicadas, que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza, pierden entre el 20% y el 50%. Son ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial y los regadíos.

– Por primera vez en la historia de la PAC se define un tránsito no paulatino, que impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones.

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones firmantes solicitan que se someta al Pleno del Ayuntamiento el apoyo a los siguientes puntos y, en caso de aprobación, que se trasladen los acuerdos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a los distintos Grupos Políticos:

1.- Unirse al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC.

2.- Solicitar al MAPA su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el período actual.

3.- Brindar su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las directrices europeas respetando nuestra diversidad productiva. La reforma no puede hacer daño a una región con la importancia agraria que tiene Andalucía.