División sindical: A CCOO y SAF no les gusta la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía que sí quieren UGT y CSIF

Comisiones Obreras no firma con el Gobierno andaluz el trámite de dicha norma porque desconoce el contenido global y su afectación mientras que el Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia que «en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical más representativa en los últimos 10 años en Andalucía».

El Consejo de Gobierno  ha aprobado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía con el apoyo de los sindicatos UGT y CSIF, mientras que CCOO y SAF se han desmarcado por motivos muy parecidos.

Comisiones Obreras esperará a conocer el texto definitivo de la Ley en el trámite parlamentario, y deja claro que no comparte el proceso de “lluvia de ideas” pretendido por el Gobierno andaluz. “Se planteaba hacer aportaciones sobre partes inconexas de la Ley, y a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, nunca se nos entregó el texto de la Ley completo. Esto supone no tener una visión global de las diferentes afecciones, y serias dificultades para hacer un trabajo serio y riguroso, teniendo en cuenta que se trata de una Ley muy importante que afecta al conjunto de los empleados y empleadas públicos, y a la igualdad y derechos fundamentales de la ciudadanía”.

CCOO-A, que ha criticado también la falta de respuesta por parte del Ejecutivo a las aportaciones iniciales que el sindicato hizo a la Norma, afirma que defenderá una Ley de Empleo Público “acorde con los retos que plantea el futuro, entre los que deben estar la mejora en la atención a la ciudadanía, el interés general, la calidad de los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de sus empleadas y empleados.

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha denunciado que «en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical. «Hasta tal punto llega dicho ninguneo, que la primera noticia que tenemos sobre este anteproyecto nos llegó  el pasado 12 de febrero, cuando SAF es convocado a una reunión telemática, protocolaria y de urgencia a celebrar el día 15, con la Secretaria General para la Administración Pública, en la que se nos explica de viva voz, durante una hora, sin documentación alguna, los puntos principales del texto del anteproyecto. Esa misma tarde, se escenifica la firma del anteproyecto», han subrayado.

En este sentido, han recordado que «todo ello sin mencionar los vergonzosos procesos de acceso a la condición de personal funcionario interino en base al primero en mandar un correo electrónico, y que ahora los Tribunales están declarando nulos uno tras otro, tras demandas del SAF».

En el sentido totalmente contrario, el presidente de CSIF-A, Germán Girela, se ha congratulado por “la interlocución ágil y permanente que ha existido con los agentes sociales al respecto”. Este sindicato ha valorado el anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía como “un buen punto de partida para profesionalizar y despolitizar la Administración andaluza”.

Satisfacción del Gobierno andaluz

Por su parte, el Gobierno andaluz ha mostrado su satisfacción por actualizar tras 36 años la Ley de la Función Pública de la comunidad. En este sentido, han destacado que «el objetivo es actualizar la regulación legal vigente, que data de 1985, adaptándola a las necesidades de un nuevo modelo de administración más profesionalizada y basada en una gestión de sus recursos humanos orientada a la calidad, la eficiencia, la cualificación y el compromiso con la realidad social y económica, todo para favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos. Además, busca atraer, desarrollar y retener el talento».

Por ello, aseguran que «esta ley será lo suficientemente flexible como para adaptarse a los retos y cambios que la Administración andaluza requiere y, además de dar respuesta a las reivindicaciones del personal al servicio del Gobierno andaluz, atiende las reclamaciones de los ciudadanos que piden una Administración más ágil, adecuada a los tiempos y con un personal seleccionado, formado y evaluado conforme a criterios actuales».

Además, se unifican en un texto todas las cuestiones relativas al régimen jurídico del personal funcionario y laboral que presta servicios en la Administración de la Junta, eliminando así la necesidad de recurrir con carácter supletorio a la normativa estatal para colmar las lagunas existentes en la regulación vigente en la actualidad.

La Ley se estructura en 177 artículos, distribuidos en trece títulos, diecisiete disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.

El ámbito de aplicación de la ley incluye a todo el personal funcionario y laboral de la Administración general, con respeto en todo caso a la normativa específica propia de determinados sectores y ámbitos. Además, contempla al personal de las restantes administraciones públicas, con respeto a la autonomía local y universitaria y a su legislación específica propia, así como al contratado por las entidades instrumentales en algunas cuestiones muy concretas. Se trata de establecer un régimen lo más homogéneo posible para evitar que se repitan problemas del pasado.

Una Ley del siglo XXI para una Administración del siglo XXI

Entre las novedades de la futura ley, destaca que se regulan por primera vez en una norma autonómica de carácter general las potestades administrativas, alineada con la jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo, y de manera flexible para permitir la colaboración del personal laboral en las funciones auxiliares que no supongan ejercicio estricto de potestades.

Además, los procesos de selección se adaptan a los opositores del siglo XXI al incorporar pruebas prácticas adecuadas a los puestos, a fin de favorecer la atracción del talento e incrementar la validez predictiva de los procesos de selección. Así, se disminuirá la importancia de las pruebas basadas en la mera exposición memorística e incluyendo otras que acrediten las competencias necesarias para los nuevos puestos de trabajo, con posibilidad de que el acceso se condicione a la realización y superación, en su caso, de un curso de formación o especialización, o de un periodo de prácticas.

Igualmente, se refuerza la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias, entendiendo la formación como un derecho y un deber. También se incluyen medidas para potenciar la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, así como la posibilidad de desarrollar el trabajo de forma no presencial.

Asimismo, la nueva ley contempla la carrera horizontal, dando cumplimiento a una reclamación histórica del colectivo, ya que en adelante se reconocerá el desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo ni de actividad, vinculada a la percepción de un complemento retributivo, en concreto el de carrera profesional.

Por otra parte, se evaluará la conducta profesional y el rendimiento de los empleados con la finalidad de conseguir los objetivos previamente establecidos por la Administración, mejorar la gestión pública, el rendimiento del personal y la implicación del personal en la definición de dichos objetivos.

Una evaluación positiva conllevará la percepción de retribuciones complementarias y puede ser un criterio a valorar para el ascenso en la carrera horizontal, mientras que una evaluación negativa, por primera vez, implicará la obligación de participar en un proyecto de formación y mejora; la segunda consecutiva, la imposibilidad de valorarse ese tiempo evaluado como mérito de experiencia en los concursos; y los efectos de la tercera negativa consecutiva se desarrollarán reglamentariamente.

Dirección Pública Profesional

Otra de las grandes novedades es la regulación de la Dirección Pública Profesional para impulsar la calidad institucional y los valores públicos. Con un estatuto propio que será objeto posterior de desarrollo reglamentario, se prevé para dos tipos de puestos: los de tipo A, con nombramiento por decreto de Consejo de Gobierno y rango de dirección general o inferior, no reservado a funcionarios; y los de tipo B, reservados a personal funcionario de carrera o laboral fijo que dependen del tipo A.

Su selección obedecerá a los principios de idoneidad, mérito y capacidad, atendiendo a la valoración de capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas. La selección, mediante convocatoria pública, la realizará una comisión independiente cuyos titulares se nombran por decreto de Consejo de Gobierno.