La Junta colapsa el sistema con la orden de inscribirse en el SAE a los trabajadores de los ERTEs

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CCOO reclama al Gobierno andaluz que se arbitren, de manera urgente, las instrucciones necesarias para que las empresas incluyan al personal fijo-discontinuo en los ERTE, tal y como ya ha hecho los gobiernos de Baleares y de Cataluña.

CCOO de Andalucía ha advertido que la inclusión o no de los fijos discontinuos en los ERTE “no puede quedar a la libre interpretación de la patronal”, y ha dejado claro que la exclusión de este colectivo de los ERTE “supone un tratamiento discriminatorio que vulnera el derecho fundamental a la igualdad (ex art. 14 CE y 17 ET), al privarlos de una garantía esencial que sí se reconoce al resto de la plantilla incluida en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo”. “Además, -señala la central-, implica la imposibilidad de acceder a las medidas extraordinarias en materia de prestaciones por desempleo obrantes en el RDL 8/2020, lo que igualmente constituye una diferencia de tratamiento arbitraria, desproporcionada y, por ello mismo, constitutiva de una discriminación”.

En ese sentido CCOO ha instado a la Junta a actuar de manera inmediata porque “si el Gobierno andaluz no actúa para impedir que las empresas excluyan a estas personas trabajadoras de los ERTE, se quedarán sin el derecho a percibirla prestación aunque no tengan el periodo de cotización”. Igualmente, esas personas no podrán poner el “contador a cero” de forma que el paro que se les abone no consuma aquel que ya tenían generado; y tampoco tendrán la garantía de mantenimiento del empleo durante 6 meses posteriores a la vigencia del ERTE”, explica la central.

Otro agravante que conlleva esa exclusión es que si el trabajador o trabajadora ya ha consumido su prestación o subsidio, o no ha generado el tiempo necesario para ello, podría no percibir retribución alguna, a diferencia de la protección establecida para el resto de personas trabajadoras incluidas en el ERTE.

Esta petición ya ha sido realizada por CCOO de Andalucía en reiteradas ocasiones al Gobierno andaluz, “haciendo este caso omiso a la petición clamorosa y unánime de estas personas trabajadoras, especialmente del sector de la hostelería y del comercio andaluz”. Ante ello, el sindicato insiste que en Andalucía “no se ha aplicado un 155 y que el Gobierno andaluz debe asumir su responsabilidad, no utilizar la precariedad de estas personas como arma arrojadiza contra el Gobierno central y tienen que tomar las medidas necesarias para que las personas trabajadoras de Andalucía no se queden en la estacada en esta crisis sanitaria, económica y social”.

“El Gobierno andaluz debe, de manera urgente, adoptar las instrucciones y normas necesarias para que las empresas incluyan al personal fijo discontinuo en los expedientes de regulación de empleo temporal, tal y como ya han hecho el Gobierno de Baleares y el Catalán”, apostilla la central.

Empresas que podrían estar haciendo despidos encubiertos a eventuales

CCOO de Andalucía ha denunciado que algunas empresas, principalmente de la construcción, están cometiendo irregularidades al dar de baja a los trabajadores y trabajadoras eventuales por finalización de contrato, “cuando no hay causa para la extinción del contrato ya que la actividad, servicio u obra no han finalizado”.

Según explica el sindicato, “estas prácticas se han agravado con la puesta en marcha del permiso especial retribuido a recuperar, que entró en vigor el día 30 de marzo, ya que muchas empresas han estado comunicando una gran cantidad de bajas por finalización de contrato, especialmente, durante el lunes día 30, con efecto del día 27, utilizando el sistema telemático de la Tesorería General de la Seguridad Social”. CCOO ha dejado claro que “estas bajas por finalización de contrato son despidos encubiertos e irregulares, ya que la actividad empresarial no terminado”.

En ese sentido, CCOO-A ha exigido a la Tesorería General de la Seguridad Social que haga una notificación a todas las empresas que están utilizando esta modalidad de baja laboral, que pueden estar cometiendo una irregularidad y que tienen un plazo para corregir las bajas de las personas trabajadoras antes de abrir el expediente sancionador. En todo caso, el sindicato insta a la Tesorería a enviar de oficio a la Inspección de Trabajo a todas las empresas que no rectifiquen “para que sean investigadas y, en su caso, sancionadas”. “En estos momentos tan duros para toda la población y especialmente para las personas trabajadoras más vulnerables, es intolerable que algunas empresas se comporten de forma tan inmoral y egoísta, a pesar de que tienen herramientas, más que suficientes, para mantener su actividad y proteger a trabajadores y trabajadoras”, asevera el sindicato, que ha pedido que esta revisión “se haga de forma exhaustiva durante todo el periodo de estado de alarma”.

CCOO recuerda que, aunque se pueda denunciar, la “irresponsabilidad” de estas empresas con esos despidos, supone, de momento, “una gran desprotección para los trabajadores y trabajadoras que no tienen cotizaciones suficientes para acceder al desempleo contributivo, obligándolos a acudir a los subsidios que son prestaciones de menor cuantía. Además, al no estar estos trabajadores y trabajadoras protegidas por un ERTE, tendrán que solicitar de forma ordinaria la prestación, no siendo automática”, apostilla.

1 pensamiento sobre “La Junta colapsa el sistema con la orden de inscribirse en el SAE a los trabajadores de los ERTEs

  1. Buenas tardes,
    Como siempre la ley es cuadriculada, y debemos aprender a interpretarla no a aplicarla. La casuística que se puede producir en cualquier aspecto del mundo de derecho es muy variada y particular y la ley no recoge todos los supuestos para todas las situaciones.
    Cierto es que para cobrar una prestación de desempleo lo primero es figurar como demandante de empleo según la normativa vigente.
    Pero en este caso cuando estamos en un erte pedir la inscripción como demandante de empleo no tiene sentido alguno.
    A ver, quien está en un erte ya tiene empleo, solo que su contrato está suspendido, por lo tanto no es demandante de empleo. Cuando cese la circunstancia que provoca el erte de nuevo el trabajador vuelve a su empleo. (Distinto es que una vez vuelva se den otros acontecimientos como despido, fraude de ley contractual,… que se debe resolver por sus cauces).
    Entonces si un trabajador en erte se da de alta como demandante de empleo en teoría puede ser llamado por el SPE para trabajar por ejemplo ahora en una actividad esencial… y entonces que hace el empleado… ¿ acepta y deja a su empresa de siempre colgada incumpliendo un contrato suspendido temporalmente, rechaza para no incumplir contrato suspendido con su empresa y pierde el desempleo según la ley?
    En fin pienso que a lo sumo y voluntariamente uno podría solicitar una tarjeta de mejora de demanda y ya está.
    Por otro lado el solicitar la inscripción como demandante de empleo en esta situación actual lo que provoca es colapso general y dificulta el acceso a muchas personas que no saben o no tiene recursos a hacerlo y se les priva de igualdad y desprotección.
    En resumen lo más ágil hubiera sido hacer una excepción regulada para dar seguridad jurídica a todo el mundo y no pedir esta inscripción o haberla hecho la administración de oficio. Aunque sigo pensando que es incomprensible hacerla.

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