Los trabajadores piden al SAS que se graben las llamadas a los centros sanitarios «ante las amenazas que están recibiendo los profesionales»

Los trabajadores piden al SAS que se graben las llamadas a los centros sanitarios «ante las amenazas que están recibiendo los profesionales»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía pide al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que las llamadas telefónicas que se realizan a los hospitales y centros de salud de toda la comunidad puedan ser grabadas para así “disuadir” a los usuarios que emplean ese medio para insultar o amenazar al personal de este sector, después de que en 2020 se registraran casi 900 denuncias por hechos de este tipo.

Tras las últimas amenazas de las que hemos tenido noticias, solicitamos al SAS que, de igual manera que se hace con las llamadas de emergencias sanitarias al 061, también se grabe cualquier llamada directa a centros sanitarios, previa advertencia al usuario”, según explica el presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela. “El objetivo es persuadir a estos ciudadanos y, en el caso de que acaben profiriendo insultos o amenazas, que la grabación sirva de prueba ante los tribunales cuando se denuncie el caso”, añade.

Con motivo de la celebración del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el pasado 12 de marzo, la central sindical ya exigió tolerancia cero” hacia estos actos violentos que ocurren a diario por teléfono, en especial después de que este medio se haya convertido en la vía mayoritaria de comunicación a raíz de las restricciones impuestas por la Covid-19.

En 2020 hubo un total de 1.042 agresiones a profesionales sanitarios y el 83% de ellas (866) fueron no físicas o verbales, según los datos que la Administración sanitaria facilitó a las organizaciones sindicales en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). El dato supuso un descenso del 29% respecto a las 1.218 registradas en 2019, pero CSIF-A, primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, entiende que “no se debe a que no se hayan producido, sino a que se denuncian menos o no se denuncian”.

Esas situaciones de malos modos, insultos y trato degradante se producen por teléfono y, precisamente por eso, en muchas ocasiones llevan implícita cierta falta de conciencia sobre su gravedad. O no son percibidas por el trabajador o trabajadora como una agresión o se perciben como menos lesivas o hirientes, pero en realidad lo son. Si no se declaran estas teleagresiones, no se registran y por tanto no se pueden adoptar medidas para evitar que sucedan, de ahí la importancia de que los profesionales denuncien este tipo de conductas. La prevención es la mejor comunicación, argumenta Girela.

CSIF-A emprendió en febrero de este año la campaña ‘Ante una agresión verbal, HABLA’ para animar a los profesionales sanitarios a comunicar los ataques que sufran. Los aplausos generalizados y los homenajes destacaron durante la primera ola de la pandemia pero, desgraciadamente, los reconocimientos sociales se han transformado con el paso del tiempo en agresiones por parte de usuarios descontentos con la atención prestada, especialmente en los centros de salud y en las urgencias hospitalarias, lamenta el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, que considera que “el aumento de los contagios, la presión hospitalaria, el gran déficit de medios humanos en Atención Primaria, la crispación y la incertidumbre han sido caldo de cultivo para este tipo de agresiones”.

En este sentido, Girela también lamenta que la Consejería de Salud y Familias no haya atendido todavía la petición que el sindicato le hizo a principios de 2020 para modificar la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de “adecuar a la realidad actual el régimen sancionador de las agresiones a los empleados públicos que trabajan en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), de manera que sirva de medida disuasoria frente a esas conductas violentas.

El objetivo de esos cambios normativos es que todas las infracciones sean explícitamente expresadas, de forma que no haya algún comportamiento que se quede sin sancionar, como ocurre actualmente con los insultos y las faltas de respeto, y que la propia Consejería actúe de oficio en los casos de infracciones muy graves, como las amenazas y agresiones físicas a los profesionales. La central sindical también defiende que la ley englobe a todo el personal del sector público que trabaja en estos centros, incluidos los vigilantes de seguridad.

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