Sindicatos y ONGs reclaman a la Junta de Andalucía más diálogo para modificar la Renta Mínima

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CCOO-A, UGT-A y la Mesa del Tercer Sector han solicitado a la Junta de Andalucía una mesa de diálogo para analizar la coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inclusión Social y que puedan ser compatibles.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central hace escasas semanas ha provocado una gran inquietud entre las organizaciones sociales de Andalucía, ante el temor de que pudiera suponer la desaparición de otras prestaciones económicas destinadas a la población más vulnerable y en riesgo de exclusión social, como la Renta Mínima de Inserción social que concede la Junta de Andalucía, al poder considerarse incompatibles.

Por este motivo, la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, de la que forman parte, CCOO de Andalucía, UGT-A y la Mesa del Tercer Sector, han mantenido una reunión con el objeto de que las organizaciones miembros realicen aportaciones in situ para poder modificar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción social en Andalucía, tras la puesta en marcha de Ingreso Mínimo Vital.

Las organizaciones recuerdan que el 1 de junio de 2020, el Gobierno central aprobó el Ingreso Mínimo Vital como una nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social con carácter de derecho subjetivo, que tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas o unidades de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Por otro lado, en enero de 2018, en nuestra Comunidad se puso en marcha la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía que se considera como un derecho subjetivo, recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales, orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social.

Las entidades sindicales y sociales que pertenecen a dicha Comisión Autonómica de Coordinación coinciden en que “a lo largo de todo el tiempo transcurrido desde su aprobación hasta la actualidad, su gestión y tramitación no ha sido lo suficientemente efectiva, ocasionando retrasos, largas listas de espera y colapso en los servicios sociales comunitarios, provocando una insuficiente cobertura a un gran número de familias en situación de vulnerabilidad”.

Ante la situación de convivencia de estos dos derechos subjetivos, y la consecuente modificación de la normativa que regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, la Comisión considera necesario “que se realice un análisis en profundidad por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que sirva para elaborar un documento de partida y se establezca en el marco de la Comisión antes señalada, una mesa de diálogo”.

Las organizaciones han exigido “que se puedan realizar aportaciones a dicho documento para poder establecer los posibles cambios en la normativa de aplicación que permita un modelo sostenible y que resuelva las necesidades de las personas que viven en Andalucía, sin los ingresos básicos necesarios para vivir y no dejar a ninguna familia sin cobertura”.

El Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima han provocado el enésimo capítulo de reproches y confrontación entre el Gobierno central y el andaluz, con los sindicatos, las ONGs y las personas más desfavorecidas, en medio de dicha disputa.

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